El Constitucional rechaza el recurso de Vox y avala castigar con penas de prisión el acoso frente a las clínicas abortivas

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SOCIEDAD

Publicidad de una campaña contra el aborto en las calles de Pontevedra en el año 2022
Publicidad de una campaña contra el aborto en las calles de Pontevedra en el año 2022 ADRIÁN BAÚLDE

La ley, aprobada en el 2022, considera delito los «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres»

09 may 2024 . Actualizado a las 09:28 h.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado rechazar el recurso de Vox y avalar la ley aprobada en el 2022 que penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Según ha informado la corte de garantías, la mayoría del pleno ha respaldado el borrador de la sentencia redactado por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, que defiende que la norma es constitucional. Emitieron voto particular los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

Al adoptar esta decisión, la mayoría progresista del tribunal ha rechazado el recurso presentado contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas. La formación liderada por Santiago Abascal impugnó la norma después de haber intentado frenarla en sede parlamentaria y tras presentar —sin éxito— enmiendas para que este hostigamiento a las pacientes no se castigase con penas de prisión.

Fue en febrero del 2022 cuando el Congreso aprobó, con los votos en contra de PP y Vox, la ley orgánica que contempla cárcel de tres meses a un año para los «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres». El texto, además, establece que los tribunales podrán imponer a su vez la prohibición de acudir a determinados lugares por períodos de seis meses a tres años, lo que también ha sido respaldado por el Pleno de la corte de garantías.